Chile, en 1974, fue el primer país de América Latina en iniciar un proceso serio de apertura comercial de la economía, estableciendo además una política abierta y no discriminatoria al capital extranjero. Lo que se buscó fue a) estimular las exportaciones, b) mejorar la productividad a través de una mayor competencia y eficiencia, c) aumentar el bienestar de los consumidores mediante la disminución real del precio de los productos importados y d) permitir que el país se concentre en la producción de lo que sabe hacer mejor; en otras palabras, la liberalización del comercio produciría una resignación de recursos en la economía de acuerdo a las llamadas ventajas comparativas del país, evitando así que se trate de producir de todo.

En los últimos 30 años, los aranceles (impuestos a las importaciones) se redujeron de un promedio de 90% a un nivel uniforme de 6% y se eliminaron las barreras no arancelarias y las restricciones administrativas al comercio. Algunos resultados están a la vista. Entre 1978 y 2003 el comercio exterior chileno (exportaciones más importaciones) subió más de siete veces en términos nominales. En 2003 Chile exportó 3.854 productos (comparado con 200 en 1975) a 165 países (comparado con 50 en 1975) y el número de empresas exportadoras llegó a 6.435 (comparado con 200 en 1975).

La liberalización del comercio y la inversión extranjera han traído beneficios al país, en términos de absorción de nuevas tecnologías, de acceso a nuevos productos y servicios, a nuevas prácticas de gestión y, por qué no decirlo, a nuevas culturas. Por cierto, también ha habido costos, porque hubo empresas que no pudieron sobrevivir a la competencia con el extranjero (con el consiguiente impacto negativo en el empleo) y porque el Gobierno tuvo que sufrir alguna reducción en los ingresos tributarios, por la reducción en los aranceles.

En América Latina, Chile fue el primer país que estableció una política abierta y no discriminatoria al capital extranjero que permite, tanto a chilenos como a extranjeros, desarrollar libremente cualquier actividad económica, en el marco de las normas legales existentes. Estos principios fueron incorporados en el Estatuto de Inversiones Extranjeras, de 1974. Desde ese año y hasta Junio 2004, la inversión extranjera directa en Chile alcanzó a US$ 56.535 millones (de este total, el 90 por ciento provino de 10 países). De otro lado, las inversiones chilenas netas en el exterior (descontando retornos de capital y utilidades), informadas al Banco Central entre 1975 y Octubre 2004, alcanzaron a US$ 43.192 millones.

La política económica internacional de Chile está basada en lo que el Gobierno llamó "regionalismo abierto", lo que significa que para estimular aún más la inversión y el comercio los acuerdos comerciales había que buscarlos no solamente en América sino que también en el resto del mundo.

En ese espíritu, desde 1990 Chile ha suscrito diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Complementación Económica (ACE). TLC con Canadá, México, Centroamérica, Corea del Sur, Estados Unidos y la Asociación Europea de Libre Comercio (integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). ACE con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Mercado Común del Sur (MERCOSUR, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; Chile participa como país asociado al Acuerdo, al igual que Bolivia). También se firmó un Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea (UE), que comprende Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia; en Mayo 2004 se incorporaron a la UE Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. En 1994 Chile se incorporó al Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), en el que los 21 países participantes se han comprometido a alcanzar la libertad de comercio y de inversión en la región hacia 2010 para los países industrializados y hacia 2020 para los países en desarrollo.

Un ingrediente común en todos estos Tratados y Acuerdos es la reducción y eliminación de los aranceles aplicables a las importaciones. Sin embargo, las relaciones de cooperación y compromisos establecidos exceden en mucho el ámbito puramente comercial. Por ejemplo, se abarcan temas tales como los pagos y movimientos de capital, temas sanitarios y fitosanitarios, servicios financieros, telecomunicaciones, inmigración ilegal, drogas y lucha contra el crimen organizado, comercio electrónico, derechos de propiedad intelectual, temas laborales, medioambiente, ciencia y tecnología, cultura y educación. También se destaca el acuerdo en la importancia asignada al desarrollo social, dando prioridad a la creación de empleos, promoviendo el derecho a la no discriminación, la abolición del trabajo infantil y la igualdad de trato entre hombres y mujeres. En materia política, se declaran compromisos para lograr objetivos comunes de seguridad, estabilidad, democracia y desarrollo regional.

Especial mención merece la relación de Chile con América Latina. Los intentos de liberalización del comercio e integración en la región se remontan a 1960, cuando se formó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Veinte años después, en 1980, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela firmaron el Tratado de Montevideo, creando la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con el objetivo de establecer un mercado común. MERCOSUR surgió en 1991, producto de la iniciativa de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile suscribió un ACE con MERCOSUR en 1996, con el objeto de crear una Zona de Libre Comercio con estos países hacía 2006, promoviendo también el desarrollo y utilización de la infraestructura física, con especial énfasis en el establecimiento de interconexiones bío-oceánicas, la promoción de las inversiones recíprocas y el estímulo a la complementación y cooperación económica, energética, científica y tecnológica.

En 1994, en la llamada I Cumbre de las Américas, los 34 países del hemisferio suscribieron el "Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, Libre Comercio y Desarrollo Sustentable en las Américas", para fortalecer la cooperación entre los países signatarios. Allí se acordó la creación de un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En la II Cumbre de las Américas, celebrada en Chile en 1998, se acordó que las negociaciones para crear el ALCA debían terminar en 2005. En 2001 se celebró en Canadá la III Cumbre y la próxima debe celebrarse en 2005, y recién, en Diciembre 2004, en Perú, se acordó la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), con la intención de hacer realidad la integración económica de América Latina y de aumentar el peso político de la región, de más de 360 millones de habitantes, en el concierto mundial.

De esta rápida -y seguramente incompleta- relación de hechos parece claro que la globalización es un fenómeno irreversible, impulsado por los cambios políticos en el mundo, por el espectacular avance de la tecnología en el transporte y en las comunicaciones, y por la desregulación de los mercados, todo lo cual se ha reflejado en caídas sustanciales en los costos.

Claro, tristemente, hay regiones en el mundo que todavía están rezagadas, sumidas en la pobreza extrema, y hay familias en esas mismas terribles condiciones en cada país. Los beneficios del crecimiento económico que se ha producido por la liberalización del comercio no han llegado a todos. Esta es la tarea pendiente más importante que tienen los líderes políticos. La respuesta no debe ser, sin embargo, reducir el comercio, volviendo a prácticas proteccionistas, que han demostrado que producen aumentos en los precios a los consumidores, estimulan la ineficiencia y castigan a las empresas verdaderamente competitivas todo lo que, en definitiva, inhibe el crecimiento económico. Ya ha sido suficientemente demostrado por diversos estudios que son los países más abiertos al comercio internacional los que han logrado mayores tasas de crecimiento económico.

La internacionalización de nuestra economía nos impone la ineludible y permanente tarea de capacitarnos más en el uso de la tecnología y en los idiomas para mejorar y proteger nuestra competitividad como país.