Después de décadas de progreso económico oscilante y lento, durante el último decenio se ha evidenciado un crecimiento económico sostenido como consecuencia de importantes cambios, consistentes básicamente, en la liberación de la economía y su apertura hacia los mercados internacionales. Es así como se ha logrado que nuestras exportaciones se incrementen y diversifiquen substantivamente, llegando en la actualidad a representar aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto.

El incremento del sector exportador explica en buena parte el dinamismo que ha adquirido nuestra economía y que el ingreso per capita supere los cinco mil dólares. Habiendo llegado a un volumen de exportaciones cercano a los 17 mil millones de dólares anuales, uno de cada siete chilenos debe su fuente de trabajo a las actividades que directa o indirectamente están relacionadas con este sector.

La imperiosa necesidad de continuar en un desarrollo sostenido, tanto para eliminar la pobreza como para elevar la cantidad de vida de todos, nos exige diseñar una estrategia a mediano y largo plazo que permita profundizar los cambios ya iniciados.

Cualquiera sea la estrategia, parece evidente que el desarrollo futuro debe continuar orientado hacia el mercado internacional. Somos un país pequeño, con un mercado interno limitado que no permite una eficiente economía en escala. La evolución de la economía mundial, por otra parte, lleva necesariamente a una globalización de la que no es posible abstraerse sin correr el riesgo del aislamiento y consecuente estancamiento.

Parece evidente que nuestras perspectivas de desarrollo futuro dependen, en buena medida, de la mayor o menor capacidad que tengamos de injertarnos dentro del sistema económico internacional mediante un incremento sustantivo de las exportaciones. Es por esto que dentro de dicha estrategia parecería como prioritario que éstas representen Un porcentaje creciente de nuestro Producto Interno Bruto.

Los países pequeños como el nuestro, que durante los últimos años han alcanzado avances importantes en el desarrollo, han escogido este camino como el único posible. Los llamados "Tigres Asiáticos" lograron que en los últimos años, casi el 70% de su producción total esté colocada en el mercado internacional. Taiwán, por ejemplo, tiene un muy bajo índice de desempleo y, en la actualidad, ocho de cada diez taiwaneses deben su fuente de trabajo a las actividades relacionadas con las exportaciones. Sin duda que a ello se debe su prosperidad actual.

Si aceptamos esta premisa como cierta y nos fijamos como meta a mediano plazo un crecimiento prudente del 5% al año durante los próximos 15 años, para el año 2010 deberíamos estar exportando sobre los 70 mil millones de dólares anuales. El cálculo de esta cifra se basa, por una parte, en un crecimiento programado de 5% al año, lo que significaría que en este período deberíamos más que doblar el Producto Interno Bruto, pasando de 50 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares y, por otra, en la meta de llegar a exportar el 70% de ese producto. Si no alcanzamos esta cifra, difícilmente nuestro crecimiento durante los próximos 15 años podría ser del 5% anual como promedio.


Posibilidades de alcanzar esta meta

Hasta ahora nuestras exportaciones se han basado en la utilización de una ventaja comparativa, cual es la de disponer de recursos naturales en el campo minero, agropecuario, forestal y del mar. Con ello hemos tenido un acceso relativamente fácil al exigente y competitivo mercado internacional. Del mismo modo, nos ha sido asequible, sin mucha dificultad, el acceso a conocimientos y tecnologías simples ya desarrolladas en otras partes del mundo.

Sin embargo, durante los últimos años se está haciendo evidente la dificultad creciente para aumentar los mercados de estos mismos productos primarios, y por ello se ven limitadas nuestras posibilidades de crecimiento económico, más allá de lo logrado. Es un hecho que sólo en base a recursos naturales seria casi imposible alcanzar esta meta. En el futuro necesitamos no sólo incrementar el volúmen de nuestras exportaciones, sino también darles mayor valor agregado. Ello significa que nuestras futuras exportaciones necesariamente tienen que ir más allá que la simple utilización de los recursos naturales. Ello va a depender no sólo del ahorro e inversión para desarrollar nuevas áreas productivas, sino que fundamentalmente de disponer de una infraestructura científico-tecnológica adecuada a ellas, que nos permita ser competitivos dentro del mercado internacional.

Respecto a esto último debemos reconocer que cada día se nos hace más difícil lograr ha transferencia de conocimientos y tecnologías de punta generadas en el extranjero, dado que los países que las desarrollan son nuestros competidores y por ello los avances tecnológicos los guardan celosamente. Esta dificultad en la transferencia tecnológica será progresiva en ha medida que nosotros aparezcamos como una amenaza competitiva. En otras palabras, nuestro principal factor limitante actual, más que los recursos de inversión, es sin duda la carencia de una infraestructura científico-tecnológica propia, que permita el desarrollo de productos de mayor valor agregado y de alta competitividad Internacional.

Si no somos capaces de satisfacer la demanda científico-tecnológica indispensable, el crecimiento económico necesariamente se detendrá y muy probablemente retrocederá, ya sea por la menor importancia que están teniendo las materias primas en el mundo desarrollado, como por la debilidad de nuestro sistema económico frente a las crecientes tendencias proteccionistas de los países desarrollados que se ejerce especialmente sobre las materias primas. Por una parte, la vertiginosa acumulación de nuevos conocimientos, especialmente en el área biológica, necesariamente nos hará perder muchas de nuestras actuales ventajas comparativas, basadas solo en recursos naturales con escasa elaboración.

En esta etapa del desarrollo, la disponibilidad de una eficiente infraestructura científico-tecnológica no es un lujo, sino una real necesidad. "Porque somos aún subdesarrollados, no tenemos otra alternativa que crear nuestra propia infraestructura científico-tecnológica para el desarrollo".


Análisis de nuestra realidad cient1fico- tecnológica y sus posibilidades futuras

Cualquier análisis que se haga de nuestra realidad científico tecnológica conduce a las mismas conclusiones: es insuficiente, desarticulada y precaria para el desarrollo competitivo.

El número de investigadores de que dispone el país en la actualidad es escaso y la casi totalidad de ellos están en el sector universitario. El análisis de la actividad científica desarrollada pone en evidencia que ésta es francamente marginal y que son sólo ocasionales las relaciones existentes entre los investigadores y los sectores productivos de bienes y servicios, tanto privados como públicos.

Muchos de nuestros investigadores han recibido entrenamiento en universidades y centros de excelencia en el extranjero y allí han aprendido tecnologías e iniciado líneas de trabajo que, al volver, con gran esfuerzo y sacrificio, tratan de implementar y continuar. La mayor parte de las veces se trata de investigaciones bien desarrolladas, que ameritan su publicación en revistas internacionales especializadas. De hecho, Chile en relación al resto de los países de América Latina tiene el más alto índice de publicaciones "per capita" en dichas revistas. Con todo, en promedio, las publicaciones de relevancia por millón de habitantes son en Chile diez veces menos que aquellas de los países del Primer Mundo. Más grave aún, cuando los artículos científicos y tecnológicos se refieren al ámbito de la ingeniería, Chile publica 70 veces menos que Israel, 28 veces menos que Australia, 24 veces menos que Japón, 20 veces menos que Nueva Zelandia y 15 veces menos que Taiwán. Durante el período 1981-1993 Nueva Zelandia publicó por habitante, en Ciencias Agrícolas (incluyendo lo vinculado a forestal) 9,22 veces más que Chile. En el mismo campo Australia publicó 11 veces más, Israel 7 y Dinamarca 5 veces más, de acuerdo al National Science Indicators ISI, Philadelphia. Respecto a Ciencias de la Computación basta mencionar que Dinamarca publica 100 veces más por habitante y Australia 22 veces más. La cantidad de publicaciones en áreas orientadas claramente a nutrir el desarrollo, en relación a las que se originan en los países con que deseamos competir, demuestra lo precario de la situación que prevalece en el país.

Ciertamente, el número de investigadores es muy escaso variando entre 2.500 y 4.Q00 según diversas apreciaciones (dependiendo de la definición de investigador). Esta cifra, aun si representara el universo de personas altamente capacitadas y comprometidas como un todo a investigar, en relación a los países que deseamos nivelarnos y competir adecuadamente, es francamente insuficiente. A no dudar es una de las características que permiten la tranquilidad de nuestros competidores, incluso al momento que observan nuestro evidente progreso económico.

Es necesario reconocer que hasta ahora el Estado se ha pronunciado sólo tibiamente respecto a estas materias y no ha existido una política científico tecnológica explícita, altamente tecnificada y coherente con las necesidades del desarrollo.

El sector productivo privado o estatal, por otra parte, no ha tenido ninguna participación en la infraestructura científico-tecnológica del país y lo que es más grave, hasta ahora no parece darle importancia a la carencia de ella. Ello es explicable porque sólo en los últimos años, al tratar de incursionar en el mercado internacional, este sector comienza a tomar conciencia que el éxito del sistema productivo depende primordialmente de la capacidad de innovación tecnológica disponible. Ello de nuevo contrasta con lo que se observa en los países desarrollados, donde el mayor esfuerzo de investigación científico-tecnológica precisamente se desarrolla en el sector productivo. En el caso de Estados Unidos, Japón o los países Asiáticos, entre el 65% y el 75% de los conocimientos nuevos se han generado en los últimos años en el sector productivo (sean estos conocimientos básicos o directamente aplicados). Ello ha sido motivado por la necesidad de innovación tecnológica y la fabricación de nuevos productos.

En la actualidad, frente a las necesidades de conquistar mercados internacionales, nuestras empresas productivas han visto limitadas sus posibilidades por esta realidad. Hasta ahora, la mayor parte de ellas ha solucionado sus necesidades tecnológicas tratando de adquirir éstas en el extranjero, con lo que han tenido un éxito relativo, pero el proceso de transferencia-tecnológica será cada vez más difícil.

Es necesario reconocer, también, que existe una alarmante desconexión entre el escaso número de investigadores universitarios y el sector empresarial productivo. Más aún, existe una gran desconfianza mutua que hace difícil la articulación de estos dos sectores. Muchos de los científicos universitarios ven al empresario sólo como alguien que busca básicamente el lucro, mientras que éstos ven al científico universitario como un diletante desinteresado en el desarrollo del país. Ambos conceptos, fruto de percepciones que se sustentan en vivencias las más de las veces puntuales, dificultan en la práctica la tan necesaria interacción.

En resumen, y sin lugar a dudas, el retraso científico-tecnológico es nuestra gran debilidad para enfrentar el desarrollo con posibilidades de éxito. Es evidente que nuestro futuro está estrechamente ligado a nuestra capacidad de responder a las necesidades científicas y tecnológicas, que requiere el sector productivo de bienes y servicios para ser competitivos en el mercado internacional. Si bien en los últimos años hemos logrado algunos progresos, ellos son muy inestables y, lo que es peor, parece que ya hemos alcanzado un techo en nuestra inserción en el mercado internacional y se hace difícil sobrepasarlo con las falencias actuales.

Preocupa que no se vislumbre un cambio real de actitud por parte del Estado y del sector político, ni tampoco de los escasos investigadores de que disponemos. No se ve en ellos un compromiso de cambio, como para contribuir con las necesidades reales de ciencia y tecnología que necesita el país. Por otra parte, en razón del escaso número de investigadores de competencia internacional, no puede esperarse que una proporción significativa de nuestros actuales científicos reoriente su quehacer, con riesgo de debilitar aún más el trabajo básico sustantivo para configurar el lenguaje de avanzada que el país demanda.

Preocupa, en particular, que nuestros planificadores y economistas consideren muchos otros factores entre sus estrategias de desarrollo, sin distinguir adecuadamente las limitantes en el campo científico-tecnológico. Ello contrasta con lo que se observa en los países avanzados, donde los entendidos en éste tienen un rol protagónico en el diseño de las políticas públicas para ciencia y tecnología.

Todo ello es un proceso que debe inducirse contra el tiempo, porque ya estamos demasiados atrasados.


Rol de los diversos agentes en el proceso

La estructuración de una política científica tecnológica para el desarrollo debe considerar tres agentes fundamentales, enfatizando sus fortalezas y corrigiendo sus debilidades: las universidades, los institutos o centros intermedios de investigación y las empresas productivas. La interacción de estos tres agentes no se da espontáneamente, por lo que debe ser inducida por una política congruente elaborada por el Estado.

En nuestro caso la mayor capacidad de investigación, aunque reducida, está en las universidades. Allí se encuentra más del 80% de los recursos humanos capaces de hacer investigación y también la mayor parte de los recursos físicos disponibles. Desgraciadamente, la investigación que actualmente se realiza en el sistema universitario es insuficiente para nuestro desarrollo y como hemos señalado, existe un muy débil contacto con el sector productivo.

Los institutos estatales de investigación tecnológica son, en general, escasos y han tenido un resultado poco significativo frente a las reales necesidades de investigación para el desarrollo tecnológico competitivo.

Finalmente, el sector empresarial prácticamente no ha participado en la génesis de investigación e innovación tecnológica. La participación de estos agentes debe ser reconsiderada y cambiada fundamentalmente.

En una política científico-tecnológica, las universidades deben desempeñar un rol fundamental: generar el nuevo conocimiento expandiendo las fronteras del conocimiento universal. En este contexto generalmente priorizan la investigación básica, herramienta sustantiva en la construcción de una cultura de avanzada que a su vez nutre nuevas aproximaciones tecnológicas. La universidad se distingue, además, por su contribución a la formación de recursos humanos altamente capacitados. Sin embargo, ello no basta para inducir el cambio tecnológico. Los investigadores académicos, por lo general, están desvinculados de la realidad del sector productivo y su interés por éste es siempre relativo. Tienden a desarrollar sólo sus propias investigaciones, que las más de las veces no tienen aplicaciones directas.

Por otra parte, hoy en día la investigación necesaria para el desarrollo requiere de muchas disciplinas diferentes que deben actuar coordinadamente para dar solución a los problemas que se abordan. Las universidades no cuentan ni van a contar con fuertes equipos multidisciplinarios por razones inherentes a su organización.

El rol más importante de las universidades es formar graduados y profesionales del más alto nivel posible, y para ello han debido sectorizar el conocimiento. Por eso se organizan en facultades que casi siempre actúan separadamente. La investigación destinada a resolver problemas, por el contrario, requiere necesariamente de equipos multidisciplinarios que actúen mano a mano y muy coordinadamente. Las universidades tienen también limitaciones para una articulación efectiva con el sector productivo. Por ello, éstas por si solas no podrán nunca ser eficientes ni suficientes en solucionar problemas de ese sector, ya que no es su rol. Pueden en cambio colaborar, y mucho, en ciertas investigaciones que enriquecen el todo. Forzar, por otra parte, a la universidad para que reoriente su quehacer respondiendo directamente a las necesidades de determinados sectores productivos, puede desnaturalizar su elevada misión destruyéndola de tal modo que su necesario aporte, ya complicado en la situación presente, disminuiría notablemente.

El desconocimiento de esta realidad y la ausencia de individuos preparados y conocedores profundos de la dinámica implícita en el quehacer investigativo de competencia en el diseño de políticas y asignación de recursos estatales es un error, que en nuestro caso ha fomentado la falta de conexión entre los diferentes agentes. No basta ser académico, científico o tecnólogo, empresario o político para integrar equipos responsables del delineamiento político que permita sustentar el avance científico-tecnológico en un país.

Dados estos antecedentes, parece evidente que en la actualidad se carece de una infraestructura de centros de investigación científico tecnológica en que se puedan interactuar las universidades y el sector privado. Se hace necesario disponer de centros intermedios, en los que para su creación necesariamente deberá colaborar el Estado mediante una política de incentivos adecuados. En ellos se debe crear el nexo entre universidades y sector productivo. Estos organismos deben ser instituciones en que se realice investigación científico-tecnológica multidisciplinaria, en áreas específicas, cuyo objetivo sea fundamentalmente el dar satisfacción a las necesidades de ciencia y tecnología del sector productivo. En nuestro caso, el principal objetivo de estas instituciones deberla ser el de contribuir directamente al desarrollo competitivo de las industrias con potencial exportador de nuestro país, mediante la formación y entrenamiento del personal en el área científico-tecnológica, la atracción de investigadores calificados (no sólo nacionales, sino también extranjeros), el desarrollo de investigaciones que conduzcan a mejorar o crear nuevos productos o servicios y, al mismo tiempo, la capacitación en la gestión y adquisición de nuevas tecnologías, logrando así la adecuada transferencia de ellas.

Su creación, más que planificarse centralizadamente debe darse espontáneamente, pero para ello se requiere de una política de incentivos que el Estado debe diseñar. Hay que considerar que una política de esta naturaleza, no sólo beneficia a la empresa sino, mucho más, al país entero que, al contar con industrias eficientes y competitivas, crece y mejora la calidad de vida de todos. Los incentivos que el Estado debe otorgar aunque siempre significan desprenderse de, o aportar recursos (incentivos tributarios o aportes directos) tienen un alto retorno para el país, por las externalidades que éstos generan. De este modo, lo que el Estado puede otorgar, no representa un privilegio sino un esfuerzo colectivo para lograr la mayor eficiencia y competitividad del sector productivo.

Son muchos los estudios que avalan esta afirmación. Así por ejemplo, en un informe reciente de la National Science Foundation de USA, redactado por Edwin Mansfield, economista de Ia Universidad de Pennsylvania, se concluye que las inversiones hechas por el Estado a objeto de potenciar las investigaciones en empresas, no sólo se benefician éstas, sino también el país (recaudación de mayores tributos, nuevas fuentes de trabajo adecuadamente remuneradas, construcción de infraestructuras, etc.) De acuerdo a ese informe, el retorno de la inversión se distribuye en un 60% para el país y un 40% para las empresas.

Lo anterior reviste singular relevancia en lo que concierne a las industrias medianas y pequeñas (menos de 300 trabajadores) que conforman la fracción principal de nuestra infraestructura productiva generando el mayor número de fuentes de trabajo. Ellas, para ser competitivas, necesitan de investigación científico tecnológica y, por su tamaño, no son capaces de implementar por si solas la infraestructura necesaria que el cometido investigativo exige.

En los países que han creado este tipo de instituciones, donde el Estado ha hecho ya sea aportes directos o ha otorgado beneficios tributarios, se han observado éxitos notables. Estados Unidos, donde existen numerosos de estos centros, constituye un buen ejemplo. La política de su actual gobierno prevee la creación de 170 centros más en los años venideros, con una inversión estatal de aproximadamente 500 millones de dólares para el próximo año. Este mismo sistema es el que le ha dado la fuerza de desarrollo a Japón, que cuenta con 172 centros regionales, colaborando el Estado con aproximadamente 500 millones de dólares para su mantención. En este caso todos los esfuerzos van dirigidos a las empresas pequeñas y medianas, que ven así satisfechas sus necesidades de investigación e innovación tecnológica.

Alemania ha montado una red descentralizada y autónoma de institutos con resultados notables, los institutos Fraunhofer, distribuidos en todo el país. Existe un total de 47 institutos que, con un financiamiento de 600 millones de dólares anuales, prestan un invaluable servicio al sector productivo. Sus presupuestos corresponden a montos elevados, cuya diferencia proviene de las propias industrias beneficiadas. Estos institutos colaboran con investigación en sectores tan importantes como microelectrónica, cerámica, biotecnología, utilización de la madera, agroindustria, automatización, robótica, etc. Los institutos han sido construidos en el interior de centros universitarios y las universidades están involucradas en ellos.

El manejo y administración de estos centros corresponde al de una empresa privada, independiente de la universidad. Los investigadores, empero, casi siempre colaboran con la docencia, particularmente a nivel de posgrado, dirigiendo tesis y prácticas profesionales. Desarrollan también, por contrato, investigaciones conjuntas con las universidades, especialmente en aquellas áreas en que la solución del problema requiere de una aproximación más compleja. Estos institutos son un eficiente mecanismo para convocar la respuesta de la universidad a las necesidades de ciencia y tecnología del sector productivo."

Inglaterra, que según el Ministerio de Industrias atraviesa una prolongada crisis por pérdida de competencia, recientemente ha reconocido la necesidad de contar con una red de centros que faciliten la innovación y génesis científico-tecnológica y ha comenzado a montar centros semejantes a los de Alemania. Se denominan "Centros Faraday". Nueva Zelandia, adoptando la misma política, dispone de diez centros que se dedican exclusivamente a investigar en el ámbito de los recursos silvoagropecuarios. Ciertamente ha priorizado un área de elevada competitividad esencial para su desarrollo.

Bastante más activos han sido los países asiáticos. El progreso de Corea se debe en parte al quehacer de numerosos centros. Lo mismo acontece en Taiwán. Malasia ha seguido igual ejemplo, con resultados que ya están siendo muy positivos. En fin, el esquema con variaciones, se repite en todos los países que hoy son desarrollados y que tratan de competir en el cada vez más exigente sistema económico internacional.

Para Chile, la expresión de una política que incorpore adecuadamente las experiencias descritas, constituye un imperativo histórico si se desea continuar con el desarrollo en el marco de las estrategias hasta ahora utilizadas. De seguro, siendo un país pequeño y de recursos limitados, debemos fijar algunas prioridades de acuerdo a nuestras posibilidades reales en el contexto internacional. Sin embargo, lo probable es que la selección de áreas de investigación se exprese espontáneamente, si el Estado otorga los incentivos apropiados, tanto a los sectores productivos como a las universidades.


Los esfuerzos realizados

Ciertamente el Estado ha hecho algunos esfuerzos creando centros tecnológicos de apoyo al sector productivo. Tal ha sido el caso de los denominados Institutos Corfo. Empero, sus resultados han sido limitados. Las razones son diversas:

a.- En su creación y en su gestión no ha participado el sector productivo y las conexiones que existen con éste son muy débiles. Al carecer el sector productivo de influencia en su gestión, la orientación de su quehacer ha resultado ser más bien independiente de las necesidades de los mismos. Estas instituciones se han manejado centralizadamente, como un organismo fiscal más, sujeto a todas las trabas burocráticas propias del sistema estatal. Así, no ha sido posible formar los equipos de científicos y tecnólogos con el nivel de excelencia y competitividad requeridos. Como organismo estatal, ha sido difícil renovar y perfeccionar personal. Cuando ha existido evaluación periódica de su gestión y resultado, ha sido de carácter interno y endogámico. Sus presupuestos han sido siempre muy limitados y su equipamiento en general, ha quedado rápidamente obsoleto.

b.- Como organismo fiscal, tampoco ha existido interés en conectarse con el sector de investigación universitaria.

C.- La designación de sus autoridades y miembros del directorio no ha sido otivada por la excelencia científico-tecnológjca ni tampoco por sus conexiones con el sector productivo, sea éste privado o estatal. Por el contrario, las razones han sido prioritariamente políticas. Por todas estas consideraciones, su contribución ha sido limitada y se ha restringido, en lo principal, sólo a ventas de servicios secundarios a determinadas empresas.

Distinto es el caso de Fundación Chile, creada con recursos aportados paritariamente por la ITT y el Gobierno de Chile. Su gestión como institución independiente la ha liberado de las trabas burocráticas y ha podido actuar con más eficiencia en la selección del recurso humano, en la renovación del mismo y en el más eficiente uso de sus recursos. El resultado del quehacer de la Fundación Chile ha sido claramente exitoso. Aun cuando su actividad no se encauza en la investigación científico-tecnológica propiamente tal, ha sido competente en los procesos de transferencia tecnológica y en el montaje de empresas correspondientes a las áreas de cultivos marinos, recursos agropecuarios y forestales. Sin embargo, su participación ha sido limitada en el entrenamiento del personal de empresas productivas, al igual que ha sido precaria su interacción con centros universitarios.

Algunas universidades han hecho esfuerzos en la creación de centros interdisciplinarios destinados a contribuir a resolver problemas del sector social o productivo. Tal es el caso por ejemplo del Centro Tecnológico de La Leche en la Universidad Austral de Chile y el lnstituto de Nutricion y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA). La gestión de éstos pueden considerarse exitosa en el desarrollo de investigaciones destinadas a solucionar problemas nutricionales de los grupos etarios más vulnerables, o en la solución de los problemas de las industrias de la leche o de las industrias en general del área de los alimentos, como ha sido el caso del INTA. Sin embargo, su accionar se ha visto también limitado por las trabas burocráticas y de control, propias de las universidades estatales o privadas que reciben subvención estatal, entregando su eficiencia y la modernización de su equipamiento y dificultando la renovación de personal y la evaluación y contratación del mismo. Otros aspectos que obstaculizan la dinámica de estos tipos de centros se originan en la escasa flexibilidad para adaptarse a los cambios y necesidades destinadas a satisfacer a sus usuarios, rigidez presupuestaria; mecanismos electorales en la designación de sus autoridades, etc.

En un intento por incentivar el desarrollo científico-tecnológico, el Estado ha creado un fondo (FONDECYT) para financiar proyectos de investigación individualmente concebidos, el cual se otorga en base al mérito y excelencia de la propuesta y de los investigadores. El sistema se ha transformado en la columna vertebral que sostiene la investigación de excelencia en el país y ha permitido mantener activa la limitada actividad científica que existe en los centros universitarios. Sin embargo, por la naturaleza de FONDECYT, aunque cumple con creces los objetivos para los cuales fue creado, la gran mayoría de los proyectos presentados (motivados por el interés individual del investigador) no tiene ninguna relación con la necesidad del sector productivo. Consecuentemente, como era de esperar, su impacto directo en el desarrollo del país ha sido escaso.

Recientemente se han destinado recursos para financiar específicamente la investigación relacionada a los servicios y la producción, con la clara intención de hacer más estrecha la vinculación entre los investigadores y las necesidades de las empresas. Primero se creó el Fondo de Desarrollo Productivo (FONTEC) y más tarde el FONDO de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF). Ello ha permitido comenzar a despertar el interés de la empresa por la investigación científico-tecnológica, al mismo tiempo que ha abierto la posibilidad de mayor interacción con el sector universitario. FONDEF, en particular, ha destinado importantes recursos para financiar proyectos. Como inicio de un sistema, puede considerarse adecuado, siempre y cuando el subsidio a los proyectos privilegie el análisis técnico y margine consideraciones políticas. Estas últimas surgen con facilidad cuando se incorpora, sin la adecuada ponderación, el concepto de pertenencia. También cuando e1 marco jurídico que gobierna el sistema no está consolidado como ocurre con FONDECYT. Ciertamente no se pueden emitir juicios sobre el resultado de este fondo debido a que la mayoría de los proyectos están aún en etapa de ejecución. Con todo, la existencia de FONDEF permite sólo el financiamiento de proyectos específicos, mientras que la empresa requiere Un proceso continuo de investigación, incorporado a su sistema productivo, sea propio o asociado. Es decir, tener una infraestructura física adecuadamente equipada y con un gran número de científicos e ingenieros capacitados, que esté alerta en la búsqueda continua de innovaciones tecnológicas y nuevas oportunidades en áreas productivas, sean éstas de bienes o de servicios.

La implementación de un sistema científico tecnológico para el desarrollo requiere importantes recursos. Estos no pueden ser considerados como gastos ya que constituyen una auténtica inversión. Si bien el Estado ha desplegado esfuerzos, en la práctica son aún muy escasos. Desgraciadamente, el sector productivo tampoco ha comprendido la exigencia de los tiempos actuales. Hoy en día se estima que nuestra inversión total en el área, no sobrepasa el 0.8% del Producto Interno Bruto, lo que es absolutamente insuficiente. Más aún sino se cautela adecuadamente la asignación ni el uso de parte de éstos para obtener los resultados deseados. Los países desarrollados están invirtiendo entre el 2.7 al 3.7% de su Producto Interno Bruto para expandir su ciencia y tecnología con el objeto de hacer sus economías competitivas. En nuestro caso, es imprescindible incrementar la inversión pública y privada. Lo importante es que esta inversión realmente rinda de acuerdo al esfuerzo realizado. Lo que no podemos negar es el hecho de que mientras más y mejor se invierta en ciencia y tecnología, mayor es el progreso de los países. La subestimación de este factor, como palanca del desarrollo, lleva necesariamente al retraso y al estancamiento.


Proposiciones para la creación de centros científicos-tecnológicos para competir

Por los antecedentes expuestos y por las experiencias extranjeras aparece como indispensable la creación de centros de investigación científico-tecnológica, de apoyo al sector productivo de bienes y servicios. Estando atrasados habrá que actuar con prontitud. Asimismo con eficiencia, por la limitación de nuestros recursos.

Sin pretender trasplantar las experiencias exitosas extranjeras, sirven de referencia para adaptarlas a nuestra realidad. Concurrentemente, se debe corregir los errores cometidos con la institucionalización centralizada y estatal de los centros existentes.

Es indispensable que la creación y gestión de éstas instituciones tengan un mínimo de sujeción estatal. Así podrán atender las genuinas necesidades del sector productivo de bienes y servicios y al mismo tiempo eliminar los vicios burocráticos que interfieran la dinámica de su accionar. Es importante que estos centros se construyan en estrecho contacto con las universidades, aun cuando su gestión y administración sea independiente. En las universidades prevalecen deficiencias administrativas y los académicos e investigadores universitarios están habituados a un quehacer que no acepta el trabajo programado. La llamada libertad académica y la independencia en las decisiones administrativas son incompatibles con las exigencias de investigación del sector productivo. Es, sin embargo, importante la vinculación efectiva con las universidades, donde se encuentra la mayor parte del recurso humano altamente capacitado para la investigación y el equipo sofisticado de laboratorio. La ejecución de investigaciones complejas que demanden la colaboración directa de la universidad se puede realizar bajo contratos específicos.

Los centros de investigación localizados en el campus universitario fortalecerán el quehacer académico, particularmente a nivel de posgrado, al nutrirse la docencia de la experiencia de investigadores compenetrados con la dinámica que perfila al sector productivo. Así se facilita la interacción del investigador universitario con la empresa en la formación de graduados y profesionales vigentes.

Finalmente, un centro de excelencia en investigación básica y aplicada, aunque en esencia esta denominación concierne hoy en día a los objetivos y no a su naturaleza (ambas no se pueden disociar), indudablemente también contribuiría a mejorar el nivel del quehacer universitario en el país, especialmente útil en las universidades regionales.

En el marco de independencia funcional necesario para el desempeño de estos centros es posible que, en las primeras etapas, habrá que contratar un número importante de investigadores calificados provenientes del extranjero, dado el reducido número de investigadores de competencia que trabajan en el país. Por otra parte, la urgencia que el proceso plantea impide su formación a corto plazo. Sin perjuicio de lo anterior, es urgente considerar medidas que apunten al fortalecimiento de la formación de posgrado con exigencias que garanticen competencia a nivel internacional.

Las grandes industrias internacionales han desarrollado sus propios centros y los financian íntegramente con sus utilidades. Así ha ocurrido con la industria farmacéutica, electrónica, comunicaciones, automotriz, etc. Sin duda, este tipo de centros de investigación demanda altos costos, que sólo pueden ser enfrentados por grandes corporaciones. Nuestra realidad es distinta. Aparte de las principales industrias mineras, el resto del sistema nacional está constituido por pequeñas y medianas empresas que no pueden por sí solas financiar toda una infraestructura eficiente de investigación científica e innovación tecnológica.

En Chile, las empresas tendrán necesariamente que asociarse para poder implementar infraestructuras de laboratorios y plantas pilotos, además de un número critico de investigadores en las áreas pertinentes. Los centros tendrán que ser creados como unidades independientes en que participen el sector productivo asociado, según áreas de interés, junto con una o más universidades. Evidentemente se necesitarán numerosos centros, que distribuidos a lo largo del país, satisfagan las diversas áreas que abarca el sector productivo exportador. Es decir, varias industrias afines deberán agruparse ya sea como Corporaciones sin fines de lucro o como Sociedades Anónimos; en cuyo directorio estén representadas todas las entidades participantes, sean éstas empresas y/o universidades. Por cierto, el directorio tendrá la responsabilidad de configurar las directrices que permitan obtener los resultados de acuerdo a los intereses de las empresas que participan en el consorcio. La representatividad tendrá que ser proporcional al porte. Las empresas participantes podrán ser tanto nacionales como extranjeras. La confidencialidad en lo que concierne al trabajo que se realiza, así como la protección de la propiedad intelectual, caracterizan el quehacer de este tipo de centros de investigación. Adicionalmente, el centro capacitará y entrenará personal, cuando una de las empresas afiliadas lo solicite.

Esta asociación de empresas y universidad probablemente no se producirá en forma espontánea, a menos que el Estado otorgue claros incentivos. Acaso por desconfianza o porque la necesidad de investigación científica y tecnológica, como un elemento indispensable en el desarrollo, aún, no ha sido integrada a la cultura de la mayoría de nuestras empresas, se podría observar reticencia frente a esta estrategia. Consecuentemente, el Estado debe establecer un mecanismo de incentivos toda vez que, a mediano y largo plazo, tendrá un importante crédito para el país. Estos incentivos, en un comienzo y para gatillar el proceso, tendrán que ser significativos y probablemente de dos tipos:

Aportes directos de capital durante el proceso de formación de dichos centros y durante los primeros años de operación. El Estado podría contribuir, por ejemplo, con el aporte que correspondería a las universidades.

Franquicias tributarias, para que se incentive el gasto en investigación científico-tecnológica en estos centros. Durante los primeros cinco o diez años debería incluir el total devengado, para posteriormente, rebajarlo en la medida que se adquiera conciencia del beneficio del desarrollo científico-tecnológico.

Para que el proceso se dinamice, será necesario convencer al sector empresarial del potencial beneficio económico que significaría para sus empresas la inversión en ciencia y tecnología. En este sentido es interesante un informe reciente del National Bureau of Economic Research de Cambridge, Massachusetts que, al analizar los datos de empresas de 50 países concluye que la ganancia de cada dólar invertido en investigación beneficia al país en siete dólares. Ello significa una rentabilidad mucho más alta que invertir en edificios o equipos.

Es importante que también el sector político comprenda el beneficio del desarrollo científico tecnológico para las empresas y del rol que el Estado debe jugar. Así al menos lo han entendido la mayor parte de los países desarrollados. Estados Unidos y Japón conceden fuertes incentivos tributarios para el desarrollo de la investigación científica y tecnológico de las empresas. De los Siete Grandes, en la actualidad sólo Alemania e Inglaterra no entregan incentivos tributarios para las empresas. Sin embargo, en el caso de Alemania, el gobierno colabora con aportes económicos para la investigación que se desarrolla en los centros Fraunhoffer, que trabajan para ]as empresas. Australia es uno de los que mayor incentivo entrega a las empresas. En la actualidad, Inglaterra está tramitando una ley en tal sentido. En Alemania, también se está discutiendo otorgar incentivos para la investigación en las empresas.

Es importante recordar que los incentivos para la investigación que se otorgan a las empresas productivas quedaron fuera de los acuerdos del GATT, en cuanto a subsidios se refiere, lo que demuestra la importancia que este tipo de estímulos reviste. Para nosotros, a no dudar, son también muy relevantes si es que, en efecto, deseamos ser eficientes al incorporarnos a algún acuerdo internacional.

Por cierto que será necesario tomar resguardo para precaver el mal uso de dichos incentivos, dado que la experiencia muestra que los empresarios, en ocasiones, pueden exagerar los gastos contabilizando inversiones que no corresponden al cometido. Sin embargo, en un esquema como el propuesto, el gasto se hará en un centro que, aunque vinculado a la empresa, es autónomo. Es decir, existirá una real transferencia de recursos desde la empresa al centro de investigación.

En resumen, sostenemos que el sistema científico tecnológico demanda con urgencia considerar la instauración de un número importante de centros comprometidos con la investigación vinculada a las necesidades del sector productivo del país. En particular, con los servicios y productos que puedan ser exportados. Estos centros deben estar constituidos por empresas y universidades en partes proporcionales. Deben además recibir estímulos estatales concretos. Su administración debe ser autónoma, ágil y tecnificada, y su rendimiento debe ser constantemente evaluado.



Fernando Mönckeberg, Manuel Krauskopf y Marcos Perretta